Vacunación COVID-19 para niñas y niños en México: ¿ciudadanos de última categoría?

A continuación, quiero presentar por qué, desde el Pacto por la Primera Infancia, consideramos que la decisión política de mantener a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años fuera del esquema de vacunación COVID-19 es insostenible desde un punto de vista técnico, pero también ético.
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De manera inexplicable, desde el inicio de la presente administración federal se ha actuado sistemáticamente en contra del interés superior de la niñez. Se han desmantelado activamente programas dirigidos específicamente a ese grupo poblacional, que si bien eran imperfectos, contenían o evitaban un deterioro mayor de las pésimas condiciones históricas en las que ha vivido la niñez en México (Seguro Médico Siglo XXI, PROSPERA, Estancias Infantiles, Escuelas de Tiempo Completo). Muchos de plano fueron eliminados, otros fueron sustituidos por alternativas sin ninguna evidencia (previa o actual) de que serán mejores para garantizar sus derechos. Ni qué decir de las denuncias acusando de “golpistas” a los niños con cáncer. Por si fuera poco, han dejado a la gran mayoría de niñas, niños y adolescentes fuera de la solución al problema más grave de nuestra generación: la vacunación COVID-19.

A continuación, quiero presentar por qué, desde el Pacto por la Primera Infancia, consideramos que la decisión política de mantener a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años fuera del esquema de vacunación COVID-19 es insostenible desde un punto de vista técnico, pero también ético.

Del 12 abril de 2020 al 13 de marzo de 2022 se habían registrado 341,402 casos confirmados de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes.1 En cuanto al número de fallecimientos, en el mismo periodo se registraron 1,231. Tan solo entre enero y la primera quincena de marzo, se registraron 122,731 nuevos casos de contagios por COVID-19 en menores de 18 años, lo que representa que en los dos meses y medio del año se contabiliza el 36% del total de contagios desde que irrumpió la pandemia, hace casi dos años. Esto significa que niñas, niños y adolescentes son mucho más susceptibles a contagiarse de las nuevas variantes del COVID-19.

Por otro lado, existe información pública que confirma que al menos 28 países en el mundo ya están vacunando a mayores de 5 años, algunos de ellos incluso a mayores de 2 o 3 años (como Argentina, Cuba y Venezuela). Las agencias reguladoras, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años (dos dosis), argumentando que los beneficios de la vacuna superan el riesgo para los niños. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), aprobó también la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para los niños de entre 5 y 11 años, bajo el argumento de que los beneficios superan los riesgos. El Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó sus orientaciones sobre la vacunación en los niños de entre 5 y 11 años, señala que los países deben considerar los beneficios individuales y poblacionales de la vacunación de los niños.

Por último, de acuerdo con datos de México publicados por la Our World in Data, de la Universidad de Oxford, al 16 de marzo de 2022, 80 millones de personas en México (por obvias razones, mayoritariamente adultas), han sido vacunadas con al menos una dosis, y casi 80 millones cuentan con más de una. 2 El 15 de marzo del 2022, el subsecretario Hugo López Gatell informó en su cuenta de twitter que “Al 14 de marzo en el país se ha vacunado contra #COVID19 a 85 millones 452 mil 359 personas, que representan el 90 por ciento de la población mayor de 18 años”. Luego entonces, es claro que se ha avanzado en la vacunación de los grupos que se establecieron como prioritarios en un primer momento. Sobre este tema, la OMS recomienda que los países vacunen a niños sanos cuando se haya logrado una alta cobertura vacunal con dos dosis en los grupos de uso prioritario. 3

Al inicio de las jornadas de vacunación, no se consideraba como grupo prioritario a niñas, niños y adolescentes. Pero como hemos demostrado, la situación ha cambiado, y por lo tanto, también la política debe cambiar. Los argumentos son claros:

Con base en los datos sobre contagios, hoy sabemos que niñas, niños y adolescentes son más susceptibles a las nuevas variantes de COVID-19.

Cada vez más países en todo el mundo han iniciado la inmunización de niñas y niños mayores de 5 años, incluso algunos están vacunando a niñas y niños mayores de 2 años. Esto debido a que las agencias reguladoras han dado ya sus autorizaciones para la vacunación en menores de edad.

Se ha avanzado de manera importante en la inmunización de otros grupos poblacionales, que se detectaron como más vulnerables o en riesgo frente a efectos graves de la enfermedad.

Niñas, niños y adolescentes han regresado a clases presenciales, y necesitan regresar en las mejores condiciones posibles de seguridad y protección.

Aunado a los argumentos técnicos, también hay argumentos éticos y jurídicos. ¿Por qué insistimos en violar los derechos que nuestra Constitución y nuestras leyes reconocen a nuestras niñas y niños?

Primero. Toda decisión pública debe considerar el interés superior de la niñez. ¿Es en su mejor interés mantenerlos fuera del esquema de vacunación en nuestras nuevas circunstancias?

Segundo. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho de prioridad. Es decir, la garantía de sus derechos tiene prelación jurídica sobre los derechos de las personas adultas. ¿Se les está respetando su derecho de prioridad?

Tercero. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la protección de la salud. ¿Dejarles fuera del esquema de vacunación no es acaso una violación inminente de este derecho?

Frente a estos argumentos, es inexplicable la negativa del gobierno a cambiar su política.

¿Será que el gobierno considera a las niñas y niños ciudadanos de última categoría?

1 La información corresponde tanto a casos confirmados por laboratorio, como por asociación clínica. FUENTE: Secretaría de Salud. Datos abiertos. Disponible aquí.

2 Disponible aquí.3 Disponible aquí.

*Aranzazu Alonso es Coordinadora General del Pacto por la Primera Infancia.

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