Existen escasos antecedentes en la historia contemporánea de la humanidad de fenómenos que hayan moldeado de manera tan dramática la vida en sociedad como lo es la irrupción en 2020 de la pandemia causada por el coronavirus. Los impactos negativos de la emergencia global en la salud pública, la economía, la política, la educación, la convivencia, la seguridad, en síntesis, en el bienestar social son todavía insospechados y en consecuencia el futuro es presa creciente de la incertidumbre, miedo y desconfianza.
Bastan dos hechos para ilustrar la magnitud de la tragedia que ha representado la pandemia en nuestro país. El primero, de acuerdo a las cifras oficiales más recientes y en contraste con el escenario catastrófico previsto, desafortunadamente han fallecido más de 150 mil personas por COVID-19, lo que la convierte ya en la primera causa de mortalidad, superando las defunciones por enfermedades del corazón.1 El segundo es la crisis económica más severa en las últimas décadas, pues también de acuerdo a la información oficial, en 2020 la economía mexicana registró una caída del 8% en el Producto Interno Bruto.2
Ante este nefasto escenario, las afectaciones directas e indirectas de la pandemia al desarrollo adecuado de la infancia, en muchos sentidos se encuentran invisibilizadas, pese a que es la población que mayores estragos experimenta en el corto y largo plazo por sus consecuencias y la coloca en mayor desventaja en el disfrute efectivo de sus derechos, explicado en parte, por la idea errónea de que el virus no afecta o lo hace en menor medida que en otros grupos poblacionales.
Sin embargo, las amenazas que enfrenta la infancia además de las infecciones por COVID-19, son la interrupción de servicios públicos esenciales como son las intervenciones en materia de educación, atención básica a la salud, inmunización, nutrición y protección; además del incremento en la pobreza y la desigualdad por la recesión económica que ha afectado a millones de familias por la pérdida de empleos e ingresos.
De acuerdo a un estudio reciente de UNICEF las consecuencias sociales, económicas y de salud por el COVID son devastadoras en las niñas y niños, las cuales se han traducido ya en una crisis de escala mundial que amenaza la viabilidad de toda una generación: una tercera parte de los 140 países analizados registraron una reducción de al menos un 10% en la cobertura de una serie de servicios de salud como las vacunaciones, la atención ambulatoria de las enfermedades infecciosas infantiles y la salud materna; la cobertura de los servicios de nutrición para mujeres y niños ha registrado una disminución del 40% en 135 países.
Además, cerca del 30% de los estudiantes de todo el mundo no disponen de la tecnología necesaria para acceder a la educación a distancia desde su hogar, siendo los más afectados los niños en edad preescolar: 2 de cada 3 no pueden acceder a esta opción educativa. La pandemia de COVID-19 también está desencadenando una grave crisis en el aprendizaje y la atención de los niños en primera infancia, al menos 40 millones de niños de todo el mundo han dejado de recibir atención y educación por el cierre de los centros de educación temprana y las guarderías infantiles.
Finalmente, se estima que, a nivel mundial, el número de niños que viven en una situación de pobreza multidimensional –sin acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua– se ha disparado en un 15%, es decir ha sumado a 150 millones de niños.3
Ante esta crisis sin precedentes y que implica riesgos de vulneración sistemática de derechos de la niñez, la urgencia de la agenda de primera infancia que deben abordarse para el 2021 en nuestro país es la reactivación de manera inmediata de servicios esenciales centrados en la niñez como son la aplicación del esquema de vacunación, los servicios básicos de salud, los programas de nutrición, el registro de nacimientos, los programas de cuidado y de educación inicial, por mencionar algunos.
Postergar la reactivación de estos servicios significa arribar a un escenario sin precedentes para la primera infancia: el resurgimiento de enfermedades previamente controladas por la aplicación de vacunas y el incremento de la mortalidad infantil; un deterioro severo en la salud de la niñez ante la limitada detección y tratamiento de afecciones; un retroceso en la prevalencia de desnutrición crónica infantil; mantener invisibilizados y excluidos a cientos de miles de niñas y niños al limitarse su derecho de identidad; así como la pérdida de oportunidades irrepetibles de aprendizaje para alcanzar su pleno potencial.
En este sentido, la reactivación necesariamente debe considerar la atención extraordinaria de los cientos de miles de niñas y niños que no pudieron acceder a dichos servicios durante el 2020 y que suman al rezago histórico previo a la emergencia del mundo COVID, además de los correspondientes a la operación ordinaria de los mismos. De no hacerse, los costos de toda índole para la sociedad en su conjunto serán altísimos y la aspiración de un país más próspero, sano, justo y seguro quedará sepultada por décadas.
Lo anterior, sin duda entraña un reto de primer orden, ante la esperanza que implica que nuestro país haya iniciado la implementación de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, y haciendo votos para que sea un éxito en términos de cobertura universal, de logística y blindada de apetitos electorales, se prevé de acuerdo a lo anunciado por la autoridad sanitaria, que en este 2021 los esfuerzos gubernamentales estarán monopolizados por la aplicación paulatina de vacunas, lo que conllevaría el riesgo en postergar aún más la atención de los problemas asociados a la primera infancia.
Por ello, es imprescindible que el gobierno, alinee la prioridad de la vacunación contra el COVID y el interés superior de la niñez, pues de ninguna manera son excluyentes; de no hacerlo el riesgo de perder el potencial de una generación es demasiado alto. Una vía que se advierte para que ello ocurra es avanzar en la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, la cual señala el rumbo y los mecanismos para la promoción, protección y garantía integral de los derechos de la primera infancia. Es tiempo de actuar y dejar atrás la simulación, las excusas y la tibieza: el presente y futuro de la primera infancia lo exige.
#LaNiñezImporta
1 Diez principales causas de mortalidad general. En 2º Informe de Labores de la Secretaría de Salud 2019-2020. Disponible aquí.
2 Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2021. Disponible aquí.
3 “Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19”. UNICEF, noviembre 2020. Disponible aquí.
