El 2022 apenas comienza, y ya se configura su cariz. Se percibe como un año de desastre, de descomposición y desesperanza. La conversación pública está más polarizada que nunca. Por un lado, escándalos con relación a presuntos conflictos de interés y hechos de corrupción; por otro, amenazas a la libertad de prensa y violaciones flagrantes a la ley en la máxima tribuna del país, y en medio de esto, el eslabón más débil a punto de romperse: niñas y niños en el último lugar de las prioridades de los gobiernos, y bajo ataque las instituciones a cargo de su protección integral.
Tres casos han ocupado la agenda de niñez en este mes y medio. Primero, el atroz caso de exhumación, traslado e ingreso del cuerpo del bebé Tadeo a un penal en el estado de Puebla, que fue encontrado más tarde en un basurero. Segundo, la exposición excesiva en medios de comunicación de niñas y niños en centros de atención del estado de Nuevo León. Tercero, las denuncias en torno a los tratos y medidas de contención disciplinaria contra niñas y niños en albergues de la Ciudad de México. Y como corolario, la insistencia del titular del Ejecutivo en desaparecer el Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), o al menos, de desaparecer el órgano desconcentrado a cargo de la secretaría ejecutiva del Sistema, y trasladar sus funciones al Sistema DIF. Entonces, estamos viendo situaciones donde la dignidad y derechos de las niñas y niños están siendo vulnerados y, al mismo tiempo, algunos que piensan que el DIF basta y sobra para atender a niñas y niños. Sin embargo, este diagnóstico no corresponde con la realidad.
¿Por qué lo digo? Porque desde una óptica de diseño institucional no tiene sentido tener concentradas tantas atribuciones en una sola instancia. Un DIF que es a la vez Procuraduría de Protección y Secretaría Ejecutiva del SIPINNA se enfrenta con múltiples dilemas y problemas de carácter operativo. Por un lado, opera directamente muchos programas de asistencia social que son indispensables en un país desgarrado por la desigualdad donde hay millones excluidos del sistema de seguridad social, además de ocuparse de niñas y niños en situación de orfandad, movilidad o víctimas de violencia. Se trata de atender las situaciones de mayor emergencia y contingencia que una niña o niño puede enfrentar. Esta tarea supone enormes retos en materia de derechos humanos, pero también retos técnicos monumentales en cuanto a la actualización de modelos de atención basados en la mejor evidencia posible, y por supuesto, retos presupuestales ineludibles. Tener además la responsabilidad de supervisar con objetividad estas tareas para prevenir y evitar abusos; de vigilar a los órganos del estado y conducir procesos de restitución de derechos y, además, coordinar a los demás actores y niveles de gobierno a operar con perspectiva de niñez desde un enfoque prioritario y transversal se antoja simplemente imposible.
Los hechos recientes hablan por sí solos: los sistemas DIF ya tienen muchos problemas para operar con calidad los múltiples programas que operan directamente, las procuradurías de protección no se dan abasto, y la operatividad de las Secretarías Ejecutivas que dependen de los Sistemas DIF son muy heterogéneas en sus resultados.
Así pues, podemos explorar diferentes configuraciones institucionales para fortalecer los Sistemas, mejorar la calidad de las políticas para la niñez y hacer un cambio real en la vida de las niñas, niños y adolescentes del país, que les recuerdo son más o menos 33 millones de personas. Lo que es un hecho es que recortar presupuestos y estructuras administrativas en aras de una mal entendida austeridad, y disminuir -todavía más- el nivel político de los sistemas de protección integral NO SE VA A TRADUCIR en ahorros significativos, y mucho menos en mejores resultados en la vida de niñas, niños y adolescentes. ¿Queremos que nuestro legado sea la violencia, la invisibilidad y la injusticia contra niñas y niños?
Hay que rectificar el camino. Basta ya de ver a niñas, niños y adolescentes como personas incompletas, como apéndices pasivos de sus familias o del aparato del Estado, capaces de sobrellevarlo todo, de resistirlo todo y sobrevivirlo todo hasta que alcancen la adultez. Basta ya de verles como ciudadanos de segunda porque no tienen derecho al voto, y por lo tanto ignorarles y negarles derechos básicos (como el de la vacunación frente a una pandemia). Basta ya de una visión mínima, residual y asistencial de sus necesidades, derechos y trayectorias.
Les recuerdo que el Párrafo Noveno del Artículo 4° Constitucional señala que el Estado debe velar y hacer cumplir el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos para su desarrollo integral, y que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Uno de cada cuatro mexicanos tiene menos de 18 años. Son hoy y serán mañana. Tendrán en el cuerpo, en la mente y en el espíritu los recuerdos, las marcas y señales de nuestras acciones y omisiones presentes. Si les ignoramos, no habrá redención posible. Sin ell@s al centro no habrá paz, ni solidaridad, ni bienestar, ni crecimiento, ni productividad, ni planeta. Sin ell@s, no tendremos nada.
