Desde el Pacto por la Primera Infancia hemos observado que en la LXV Legislatura del Senado de la República se presentaron dos iniciativas para expedir una nueva Ley General del Sistema Nacional de Cuidados.
La primera iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el pasado 30 de noviembre de 2011 por un grupo de senadoras y un senador de diversos grupos parlamentarios (MORENA, PT, MC, PVEM y PRI), encabezados por la Senadora Martha Micher (MORENA). Esta iniciativa tiene el objeto de “garantizar a todas las personas, el acceso y el disfrute del derecho a los cuidados con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, familias, comunidad, mercado y el propio Estado, y de conformidad a los principios de igualdad y de no discriminación establecidos en los Artículo 1º y 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la creación y regulación del Sistema Nacional de Cuidados”.
La segunda iniciativa suscrita por la Dip. Yolanda de la Torre (PRI) y la Sen. Nuvia Mayorga (PRI), se presentó el 25 de enero de 2022, con el objeto de reglamentar “el derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida, así como de cuidar en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases y modalidades para el acceso a este derecho y la concurrencia de la federación y las entidades federativas”. Ambas iniciativas fueron turnadas para dictamen a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, a la Comisión para la Igualdad de Género y a la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.
Por supuesto que celebramos las propuestas de creación de un Sistema Nacional de Cuidados para garantizar el derecho de las personas a recibir los cuidados que necesiten, y desde luego que reconocemos que se visibilice a las niñas y niños como parte de las poblaciones objetivo de las iniciativas de Ley. Sin embargo, desde la sociedad civil tenemos preguntas con respecto a la forma en cómo se está conceptualizando la creación del Sistema Nacional del Cuidados para nuestro país. Aquí les dejo algunas preguntas:
1. ¿Cómo le damos representatividad en la Junta Nacional de Cuidados a todas las poblaciones objetivo de la Ley? ¿Cómo le damos representatividad a las niñas y niños, como personas que requieren cuidados, y no solo a las mujeres que se verán beneficiadas por una repartición más equitativa de los roles de cuidado?
2. ¿Cuál sería la conformación ideal de la Junta Nacional de Cuidados a fin de garantizar tanto a las personas que requieren cuidados como a las personas cuidadoras una vida plena en condiciones acordes a su dignidad, desarrollo integral, respeto y pleno ejercicio de sus derechos? ¿Quiénes deberían formar parte de ella? ¿Quiénes serían las unidades responsables de operacionalizar el Sistema Nacional de Cuidados?
3. ¿Cómo se articulará la iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Cuidados con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? ¿Cómo se asegurará la incorporación y operacionalización del principio del interés superior de la niñez en el Sistema Nacional de Cuidados?
4. ¿Cómo se articulará la operacionalización del Sistema Nacional de Cuidados con la Política Nacional de Educación Inicial, con la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, con la Nueva Escuela Mexicana, con los programas sociales, con el modelo de salud y bienestar?
5. ¿Se tomarán en cuenta otros esquemas de cuidado para poblaciones en situación de vulnerabilidad? ¿Qué hay con las niñas, niños y adolescentes que no están en un ambiente familiar y que también necesitan cuidados bajo la protección del Estado? ¿El Sistema Nacional de Cuidados incluirá las diversas modalidades de cuidados alternativos?
La aprobación del Sistema Nacional de Cuidados tiene el potencial para ser un verdadero legado de transformación de la actual administración federal. Sin embargo, aún queda mucho por esclarecer.
Nuestro país necesita un Sistema Nacional de Cuidados que incluya la perspectiva de derechos de la niñez y que tome en cuenta la participación de todos los actores involucrados para la co-creación de la política nacional de cuidados. Para lograrlo se requiere generar los espacios de diálogo que sean necesarios para plantearnos estas preguntas de manera seria y responderlas entre todos los actores involucrados: las instituciones públicas, el legislativo, las personas cuidadoras, las personas que requieren cuidado, las familias, las niñas, niños y adolescentes, y las organizaciones civiles especializadas en la materia.
Desde el Pacto por la Primera Infancia estaremos atentas a los siguientes pasos en la creación del Sistema Nacional del Cuidados en nuestro país.
