La lactancia materna es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la forma óptima de alimentación durante los primeros meses de vida. Sin embargo, en México, para miles de mujeres, continuar amamantando tras reincorporarse al trabajo constituye un desafío casi insuperable. La ausencia de licencias suficientes, la escasez de salas de lactancia y la falta de políticas de conciliación laboral no solo obstaculizan la continuidad de la lactancia, sino que obligan a muchas mujeres a enfrentar una disyuntiva injusta: ejercer su derecho a la maternidad y a amamantar o conservar su trabajo, y buscar su desarrollo profesional.
En México, la Ley Federal del Trabajo establece únicamente 12 semanas de licencia de maternidad, un periodo muy inferior a los seis meses de lactancia materna exclusiva recomendados por la OMS. Esta brecha contrasta con países como Chile, que otorgan hasta 36 semanas de licencia, ubicándose entre los más avanzados de la región en materia de protección a la maternidad. México aún tiene una deuda pendiente: garantizar licencias más amplias y justas, en concordancia con los estándares internacionales, tanto de la Organización Internacional del Trabajo como de la OMS. La ampliación de este derecho no debe concebirse únicamente como un costo económico, sino como una inversión estratégica en salud, equidad de género y productividad nacional.
Asimismo, la Ley reconoce el derecho a dos recesos de 30 minutos al día para amamantar o extraerse leche en un espacio adecuado. O bien, mediante un acuerdo, optar por reducir la jornada laboral en una hora. Sin embargo, en la práctica este derecho suele incumplirse por la rigidez laboral y la falta de sensibilización de empleadores, lo que limita su ejercicio.
La legislación reconoce el derecho a salas de lactancia, que sean espacios higiénicos, seguros y privados para extraer su leche materna en su centro laboral. Sin embargo, en la realidad son escasas, mal equipadas o inaccesibles, lo que obliga a muchas mujeres a recurrir a baños, salas de juntas o automóviles, vulnerando su dignidad y la salud de su hija o hijo. Contar con espacios adecuados no debería ser un privilegio, sino una norma en todos los centros de trabajo. Esta situación es más crítica en el sector informal, donde millones de mujeres carecen por completo de estas garantías, quedando en mayor estado de desprotección.
La protección a la maternidad y a la lactancia va más allá de licencias o salas de lactancia. Exige un sistema de cuidados con permisos parentales compartidos, guarderías accesibles y campañas de sensibilización en los centros de trabajo. Garantizar estos derechos no es un privilegio, es una obligación ineludible del Estado y de los empleadores.
Invertir en políticas públicas que respalden la lactancia materna no solo beneficia a las mujeres y a sus hijas e hijos, sino que marca el rumbo hacia un México más justo y digno.
