La primera infancia debiera tener un sitio esencial en los esfuerzos y recursos que los gobiernos de los países orientan para buscar una mejor calidad de vida en su población. En los últimos años, la evidencia sobre los impactos positivos de realizar acciones dirigidas a niñas y niños menores de 5 años se ha acrecentado de manera relevante, dado que son innegables los beneficios que dichas acciones tienen en su desarrollo presente y a lo largo de sus vidas. Además, las intervenciones de política para la primera infancia son reconocidas como una inversión en capital humano que trae altas tasas de retorno y múltiples beneficios a toda la sociedad, lo cual mejora el bienestar de futuras generaciones.
Con estas consideraciones, la comunidad internacional ha entendido la relevancia estratégica de la primera infancia y la ha incluido dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al establecer que la niñez debe tener todas las condiciones necesarias para alcanzar su máximo nivel de desarrollo, y así contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad dentro y entre los países.
En dicho marco, se estableció la meta 4.2.1 que obliga a conocer y monitorear el estado del Desarrollo Infantil Temprano de la población en Primera Infancia, a través del porcentaje de menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado en relación a su salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial. El trabajo para realizar esta meta requiere evaluar periódica y sistemáticamente las medidas que tomen los países para brindar igualdad de oportunidades a todas las niñas y niños.
Nuestro país no es ajeno a este contexto y ha tomado acciones, aunque no al ritmo y profundidad necesarias, que buscan generar un mayor conocimiento sobre el estado que guarda la población en primera infancia. Para ello, estableció un marco legal e institucional, el cual impulsa los esfuerzos para la implementación coordinada e intersectorial de políticas públicas que incidan de manera directa en la salud, desarrollo, bienestar y demás derechos de la Primera Infancia, así como en la disminución de brechas y obstáculos para que ello ocurra. Sin embargo, estos esfuerzos apuntan a la urgencia de contar con evidencia e información pertinente, suficiente y periódica para la construcción de diagnósticos e indicadores que permitan el monitoreo y evaluación sobre las condiciones de bienestar de la Primera Infancia en el país.
Sobre todo, bajo dos consideraciones recientes: la primera relativa a la desaparición de diversos programas orientados a la primera infancia, en materia de cuidados, de nutrición y salud durante la presente administración, que han generado un vacío en la oferta gubernamental y una demanda social insatisfecha, y la segunda como consecuencia de la pandemia que ha generado una crisis sostenida. Los efectos son evidentes, pues en los últimos años se ha deteriorado el bienestar de niñas y niños menores de 6 años, al advertirse un franco retroceso en algunos indicadores clave asociados a la educación, la salud, la nutrición y la protección, así como el incremento en la pobreza infantil.
Por ello se hace patente la necesidad de contar con estadísticas e indicadores que den cuenta del estado de salud, desarrollo y bienestar de niñas y niños en los primeros 5 años de vida. En este sentido, se reconoce la importancia de la evidencia sobre la situación del desarrollo físico, cognitivo y socio-emocional de la población en Primera Infancia que genera la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), aliado estratégico del Pacto por la Primera Infancia.
Dicha Encuesta, en sus diferentes ediciones, se ha constituido como un referente fundamental para generar información oportuna para la construcción de diagnósticos y de indicadores en materia de primera infancia. Sin embargo, una parte importante de la información tiene carácter nacional, por lo que no cuenta con representatividad estatal, lo que dificulta conocer algunas de las condiciones reales de la infancia temprana en las entidades federativas, así como monitorear la efectividad de los gobiernos para solucionar los problemas que limita su desarrollo integral.
La alianza de abogacía entre el INSP y el Pacto ha logrado que los gobiernos del Estado de México, Oaxaca, Nuevo León y Sonora se hayan comprometido con obtener una sobremuestra que les permita conocer la situación de la Primera Infancia en su entidad y monitorear el progreso o retroceso en los indicadores asociados al desarrollo infantil. Aún faltan muchas entidades, ese es el desafío para seguir impulsando la obtención de los insumos necesarios para la construcción de una política pública integral que garantice los derechos de la Primera Infancia en todo el país.
