Actualmente se cierne en el mundo una crisis alimentaria sin precedente, de acuerdo con el reciente informe “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021” elaborado por diversas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, 1 que alerta sobre un dramático escenario en donde millones de personas no saben si comerán en el día a día.
En el informe se destaca el desplome de los indicadores sobre el hambre y desnutrición, con un incremento mundial de al menos 118 millones de personas, que se suman a los 650 millones que existían al 2019. Este panorama aleja cada vez más el cumplimiento global del Objetivo de Desarrollo Sostenible “Hambre cero” para el 2030 2 y parece echar por la borda los avances que se habían registrado hasta el 2015.
El peor de los escenarios planteado en el informe supone que un 10% de la población mundial sufrió inseguridad alimentaria en 2020, frente al 8.4% del 2019. La cifra es aún mayor si no solo se incluye a quienes no tuvieron una alimentación suficiente, sino también a quienes no accedieron a una alimentación adecuada por falta de recursos: más de 2 mil 300 millones de personas, lo que representa que 1 de cada 3 de los habitantes del planeta padece inseguridad alimentaria grave o moderada.
Si ello fuera poco, las perspectivas para los próximos años también son adversas: cerca de 660 millones de personas seguirán estando en situación de inseguridad alimentaria a finales de esta década, en gran parte por los efectos colaterales de la crisis desencadenada por la pandemia.
Hoy esta crisis alimentaria amenaza con mayor intensidad la vida y desarrollo de millones de niños que no cuentan con sistemas de protección, alimentos ni recursos suficientes para mejorar su estado de malnutrición: se estima que en 2020 más de 149 millones de menores de 5 años padecieron retraso del crecimiento (su estatura era demasiado baja para su edad); más de 45 millones padecieron emaciación (su delgadez era excesiva para su altura) y casi 39 millones sufrieron sobrepeso.
Para el caso de nuestro país, catalogado como un país de ingresos medios-altos, el informe da cuenta del agudo incremento en la prevalencia de desnutrición en el total de la población, al pasar de 4.4% en el periodo 2004-2006 a 9.2% en 2018-2020, es decir más del doble en un lapso de 14 años y casi 3 veces más que el promedio en países con economía similar a la nuestra que es de 3.4%.
Situación equivalente se observa en la prevalencia de inseguridad alimentaria severa en el total de la población, al pasar de 3.6% a 5.8%, en el mismo periodo descrito, lo que implica que al menos 3 millones de personas se suman al dramático hecho de quedarse sin alimentos y sentir hambre o en el caso más extremo, tener que pasar un día o más tiempo sin comer.
Para el caso de indicadores para la población en primera infancia, se registra en México una prevalencia de emaciación en menores de 5 años de 1.4%, superior a países como Ruanda, Palestina o Guatemala.
En cuanto a la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, el reporte señala que en un lapso de 8 años se ha mantenido prácticamente sin cambios: de 12.7% en 2012 a 12.1% en 2020, una raquítica tasa de mejora del 0.07% anual en promedio. Lo que implica que más de 1.3 millones de niñas y niños menores de 5 años en México sufren de un retraso severo en el crecimiento y de los graves problemas asociados como obstáculos al aprendizaje y a la salud, amenazando su supervivencia y en el mejor de los casos impactando de por vida su desarrollo.
Finalmente, en cuanto a la prevalencia de bajo peso al nacer (menos de 2.5 kg) se registra un porcentaje de 7.9%, cifra superior al promedio de los países con ingresos medios-altos e igualmente sin cambios significativos en el periodo analizado. Este indicador es un referente clave de la salud de la madre y de la nutrición fetal.
Los datos presentados en el informe es evidencia contundente de que los esfuerzos gubernamentales han sido limitados e insuficientes para resolver este grave problema. Hay ausencia de políticas públicas orientadas a la atención de la desnutrición infantil como consecuencia de la desaparición del programa “Prospera”, cuyo propósito en una de sus vertientes era precisamente apoyar la alimentación infantil mediante una transferencia monetaria para gastos de alimentación condicionada a la participación en consultas de salud y sesiones educativas.
Por ello es urgente que, ante esta grave crisis alimentaria, que es en sí una crisis humanitaria, el gobierno diseñe e implemente algún programa de apoyo, ya sea en especie o en efectivo, para reducir los perniciosos efectos del hambre y desnutrición infantil, cuyas consecuencias son irreversibles y recrea el perverso círculo de la pobreza. Al no atender el derecho a la nutrición, el Estado no solo incumple un compromiso con la niñez, sino que está negando su existencia y desarrollo.
1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Organización Mundial de la Salud (OMS). “The state of food security and nutrition in the world 2020”. Roma, 2021. Disponible aquí.
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible aquí.