Hablar del día internacional de los migrantes es hablar de la esperanza de las infancias y adolescencias en movilidad, es hablar de la creciente desigualdad con la que se topan en cada territorio del tránsito. Tomando como referencia la dinámica del fenómeno migratorio que atraviesa la frontera sur de México, nos encontramos con nuevas dinámicas en los últimos 2 años, observándose un aumento significativo en el número de mujeres jefas de familia (que no llegan a los 18 años), niñas, niños y adolescentes que buscan asentarse en el país ante el inminente cierre de opciones en el país vecino del norte, tal como quedó manifestado con el fin de CBP1, y el paso a CBP HOME.
En este contexto, Tuxtla Gutiérrez se ha convertido en un punto clave del corredor central migratorio de Chiapas, no sólo como ciudad de paso, sino como espacio donde convergen trámites institucionales, redes de ayuda y también violencias estructurales. Es aquí donde es prioritario entender la importancia de los trabajos de organizaciones civiles, especializadas en acompañamiento integral a esta población, como referente para la progresividad de las políticas públicas que garanticen el acceso de Derechos Humanos a todas las personas.
Mucho falta aún para hablar de inclusión, la inclusión no ha sido asumida como principio operativo por parte del Estado, reproduciendo así un modelo de atención excluyente y discriminatorio para la población migrante, esto aún más para las niñas, niños y adolescentes; como ejemplo, quedan claras las dificultades para obtener los registros de nacimiento que acrediten la nacionalidad de las infancias nacidas en territorio nacional, con padres extranjeros; los engorrosos trámites con la Secretaría de Educación o Secretaría de Salud, que exigen una CURP a población aún sin estatus migratorio, para poder acceder a la educación básica o atención médica.
Es por ello que convocamos esfuerzos para tener esperanza en la progresividad de la igualdad de derechos, urge capacitar de manera obligatoria a toda persona que sea funcionaria pública, (en todas las materias del estado: migración, salud, educación, registro civil, servicios sociales, etcétera) para garantizar realmente el ejercicio de los derechos humanos, con enfoques de género, interculturalidad, discapacidad, ponderando el principio pro persona de niñas, niños y adolescencias, regla fundamental del derecho que obliga a las autoridades a aplicar siempre la norma o la interpretación jurídica que brinde la mayor protección y beneficio a los derechos humanos de una persona, sin importar su jerarquía o etapa de la vida, buscando la máxima favorabilidad en un caso concreto.
