A medida que la evidencia científica avanza, resulta más claro que los grandes desafíos no se pueden abordar de manera aislada. México no enfrenta múltiples crisis sanitarias, sino una sola de naturaleza estructural y multisectorial. A escala mundial, el reporte Alimentando el negocio de UNICEF (2025) advierte que la obesidad infantil supera por primera vez a la desnutrición y se consolida como la forma predominante de malnutrición.
La raíz sistémica se enmarca en lo que The Lancet Commission on Obesity (2019) denominó una sindemia global: la interacción entre obesidad, desnutrición y cambio climático, tres crisis que se refuerzan entre sí porque comparten los mismos motores económicos, sociales y ambientales.
Los datos de la ENSANUT Continua 2023 confirman que la malnutrición persiste desde los primeros años de vida. En menores de 5 años, 16.2% presenta baja talla, y 6.7% exceso de peso; en escolares la prevalencia alcanza 36.5% y en adolescentes 40.4%. Aun con avances en lactancia materna, el consumo temprano de productos ultra procesados sigue siendo alarmante. 50% de los niños menores de 2 años consume bebidas azucaradas y 41.7% botanas o dulces (INSP, 2023). Esta exposición temprana altera la regulación del apetito y la programación metabólica, elevando el riesgo de enfermedades crónicas a lo largo de la vida (The Lancet Early Nutrition Series, 2017).
México ha implementado políticas prometedoras como el impuesto a bebidas azucaradas (2014) y el etiquetado frontal de advertencia (NOM-051, 2020), que motivó la reformulación del 60% de los productos procesados (INSP-CIAD, 2023). Sin embargo, los resultados en salud y nutrición muestran que estas medidas, aunque necesarias, no han sido suficientes. El 80.6% de los preescolares sigue consumiendo bebidas endulzadas de forma habitual (ENSANUT, 2023), y los productos sujetos a Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) continúan formando parte de la dieta cotidiana.
El reto de revertir la doble carga de la malnutrición sigue vigente y tiene un costo directo para el sistema de salud. Por un lado, la carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, que es un indicador de inseguridad alimentaria en el hogar, afecta al 21.2% de niñas, niños y adolescentes; por otro, el sobrepeso y la obesidad mantienen su tendencia al alza. Para corregir esta falla sistémica, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2024, del CONEVAL, recomienda articular los programas productivos existentes para que su apoyo se traduzca en salud. Esto implica redirigir los incentivos del campo de la producción de volumen a la diversidad nutricional, pidiendo “incrementar la producción de alimentos de los pequeños productores agrícolas, pecuarios y pesqueros en actividades de subsistencia”. Este enfoque busca vincular el subsidio al campo con la mejora directa en la oferta de alimentos locales.
México destina apenas 5.5% de su PIB a salud, frente al promedio de 9.2% de la OCDE (OECD, 2023). Los hogares destinan 38% de su gasto en salud a medicamentos; en los de menores ingresos, hasta 50% (CIEP, ENIGH 2024). Este desequilibrio evidencia que la falta de inversión pública y la débil articulación institucional trasladan los costos de la mala nutrición a las familias.
Aun así, los avances regulatorios no deben minimizarse. La reciente prohibición de venta y publicidad de productos con sellos de advertencia en escuelas (SEP, 2025) marca un paso decisivo. Su éxito, sin embargo, dependerá de la disponibilidad real de alimentos nutritivos y de un acompañamiento educativo que fortalezca la elección informada desde la infancia.
UNICEF (2025) propone un marco integral para transformar los entornos alimentarios mediante políticas obligatorias que integren etiquetado, impuestos efectivos, entornos escolares saludables y protección de la infancia frente a la injerencia comercial. Pero la clave no está solo en legislar, sino en medir resultados frente a los indicadores de salud y nutrición, asegurando que las políticas cumplan los objetivos que persiguen.
Los primeros mil días de vida son la ventana crítica donde se define el potencial físico y cognitivo de una persona. Invertir en el acceso a una nutrición temprana es la base para el desarrollo humano y la equidad. Una política pública justa reconoce que la primera infancia no es solo el inicio de la vida, sino el momento en que deben ejercerse plenamente derechos humanos que tienen un impacto fundamental en su desarrollo, como el acceso a agua segura, alimentación saludable y a la salud.
México cuenta con el conocimiento, las políticas y los instrumentos. Las políticas aisladas, aunque bien intencionadas, no sustituyen una estrategia integral y articulada. El desafío ahora no es descubrir más, sino aplicar con inteligencia, corresponsabilidad y unidad lo que ya conocemos.
