Las condiciones y el contexto en que se desarrollan las personas en sus primeros años de vida determina sus alcances y condiciones de vida por el resto de su existencia. Innumerables estudios científicos de todas las disciplinas, lo comprueban.
Hasta hace muy poco, las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno que ofrecen bienes o servicios para garantizar los derechos de las niñas y niños en primera infancia lo han hecho de forma sectorial y aislada. Por fortuna, a partir de marzo de 2020, y gracias al esfuerzo y trabajo coordinado de las diferentes dependencias de la administración pública federal bajo la coordinación del Sistema Nacional de Protección Integran de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el país ya cuenta con una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI).
Esta estrategia ha definido en primera instancia, cuales son los bienes y servicios a los que deben tener acceso TODAS las niñas y TODOS los niños desde el vientre materno y hasta cumplir los seis años de edad, para garantizar el ejercicio de todos sus derechos y con ello el desarrollo de todo su potencial. Estos bienes y servicios, identificados en función de los requerimientos de las niñas y los niños y NO en función de la oferta disponible, se han organizado en una Ruta Integral de Atenciones para la Primera Infancia (RIA).
¡Ojo papás y mamás! Todas y todos debemos saber lo que está contenido en esta ruta para que promovamos que nuestras hijas e hijos tengan acceso a ello. Aquí la pueden consultar: https://www.gob.mx/sipinna/articulos/que-es-la-ruta-integral-de-atenciones-ria-para-ninas-y-ninos-de-0-a-6-anos?idiom=es
La ENAPI reconoce además que las niñas y niños viven con sus familias, en sus territorios y comunidades, por lo cual, es imperante hacer llegar a cada rincón del país los beneficios de este gran acuerdo intersectorial e intergubernamental. El SIPINNA ha promovido la creación y pilotaje de las herramientas para la implementación territorial de la RIA.
Esto consiste en una gran convocatoria nacional que requiere la participación, compromiso y voluntad política de los servidores públicos pertenecientes a las instituciones relacionadas con estos bienes y servicios (Salud, Educación, Bienestar, Protección, Asistencia Social, Medio Ambiente, Infraestructura Urbana) de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal.
El modelo de implementación territorial también requiere de la disposición a trabajar colaborativamente en lo local, rompiendo el esquema fragmentado y promoviendo la articulación entre sectores y órdenes de gobierno, provocando diálogo y articulación horizontal y vertical especialmente de abajo para arriba. Esto es sin duda una nueva forma de hacer política pública, desde lo local, desde los territorios, desde las distintas realidades que existen en nuestro país.
Ante tales buenas noticias, persiste un importante reto por sortear: En la oferta pública federal, cada vez hay menos bienes y servicios para ser provistos y articulados entre sectores y órdenes de gobierno. Ya no hay estancias infantiles que provean alimentación, cuidado y educación inicial a las hijas e hijos de las personas que no tienen acceso a los centros de atención infantil provistos por las instancias de seguridad social; ya no existen los componentes nutricionales, de estimulación oportuna y de evaluación del desarrollo que ofrecía el Programa Prospera en combinación con el Seguro Popular; la escasez de medicamentos e insumos ha alcanzado la oferta de vacunación; las niñas y los niños de preescolar ya no podrán tener alimentos y cuidados en las escuelas de tiempo completo; por mencionar algunas.
El pasado 12 de abril, en plena Semana Santa, se realizó el lanzamiento de la implementación territorial de esta política a escala nacional, en un evento que contó con la participación de representantes de la Secretaria de Gobernación, SIPINNA, las Secretarías de Educación y Salud; con presencia de representantes las Entidades Federativas, municipios y la sociedad civil. Esto ya empezó.
El éxito de la implementación de esta política pública está en la posibilidad de que cada territorio defina sus prioridades de atención y logre completar la oferta de bienes y servicios para las niñas y los niños de sus territorios, a partir de las acciones y recursos presentes, o bien, que las carencias encontradas sean tan evidentemente reiteradas que provoquen la atención y la acción del orden estatal y el federal.
Que las necesidades se vuelvan clamor y que el clamor encuentre oídos.
