Desde hace varios años desde el Pacto por la Primera Infancia hemos insistido en diversos espacios, con la firme convicción sustentada en robusta evidencia, que la inversión pública suficiente, sostenida y de calidad orientada a políticas bien diseñadas e implementadas en beneficio de las niñas y niños menores de 6 años tiene altas tasas de retorno debido a sus múltiples beneficios en todos los ámbitos, no sólo para los individuos, familias y comunidades, sino para el país en conjunto en el corto, mediano y largo plazo.
Se reconoce que el país ha avanzado paulatinamente en conocer y reconocer la importancia estratégica de incrementar la magnitud y calidad de la inversión en la primera infancia; sin embargo, aún nos encontramos lejos de considerar que es una prioridad gubernamental y presupuestal, así como ser suficiente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las niñas y niños menores de 6 años, como consecuencia de los múltiples obstáculos, retos e incluso retrocesos presupuestales que desafortunadamente se recrean.
En este sentido, el escenario presupuestal para la primera infancia para el 2024, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, apunta a que por 4º año consecutivo se incrementará el presupuesto para este grupo etario clave, al proyectarse una asignación presupuestal de $190 mil 599 millones, lo que implica un incremento nominal del 11% y real del 7%, con $18 mil 911 millones adicionales respecto al año anterior.
Sin embargo, al contrastar la cantidad de recursos públicos que se orientará a los niños más pequeños con otros indicadores económicos y presupuestales para dimensionar efectivamente la magnitud de la inversión pública para la primera infancia, los resultados son francamente bajos a la par que preocupantes:
Para el 2024 el país tan sólo destinará el 0.6% del Producto Interno Bruto para la atención de la primera infancia, con lo cual seguiremos estando rezagados y seremos de los países de la región que menos invierte de la riqueza que genera hacia su población más pequeña.
Por otra parte, se advierte que el gasto público se ha incrementado de manera importante en los últimos años con un 72% al pasar de 5.2 billones en 2018 a 9 billones para el 2024; sin embargo, la proporción de dicho gasto para la primera infancia, en el mejor de los casos, se ha mantenido estacada con apenas el 2.1%, proporción aún menor de lo observado en 2018.
Bajo esta misma perspectiva, también se identifica que el gasto social observa una tendencia al alza, al pasar del 57% del total del gasto en 2018 al 62% para el 2024, producto en gran medida del incremento sostenido de las transferencias económicas, pero desafortunadamente sus beneficios no llegan a todos o llegan de manera sumamente desigual, dado que la proporción que se destinará a la primera infancia es sumamente reducida con apenas el 3.4% del gasto social y menor también a lo registrado en 2018 que fue del 3.7%; así como que el presupuesto del programa “Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores” es más del doble que el total del presupuesto de todos los programas que se orientan a la primera infancia.
Los resultados de la estrategia presupuestal no sorprenden: de acuerdo a la reciente medición de la pobreza multidimensional realizada por CONEVAL, indica que la pobreza entre la población en general disminuyó entre el 2018 y 2022 en 5.6 puntos porcentuales, en contraste la pobreza en primera infancia también disminuyó, pero en menor ritmo con 4.4 puntos.
Adicionalmente, al analizar la magnitud de recursos que se orientan a la salud y educación de la primera infancia se destaca que también es sumamente baja, pues tan sólo se les prevé destinar el 11.4% del presupuesto total de educación y únicamente el 5.4% del gasto en salud, que por cierto se ha reducido sistemáticamente en el periodo 2018-2024 al experimentar una contracción del 40% en términos reales. El saldo es evidente y sumamente desalentador en perjuicio del derecho a la salud: en dicho periodo la carencia que más se ha agravado entre los niños menores de 6 años es la carencia por acceso a los servicios de salud, al prácticamente triplicarse al pasar del 17.6% en 2018 a 45.9% para el 2022.
Ante este adverso escenario, desde el Pacto por la Primera Infancia hacemos un llamado a las y los diputados, para que durante el proceso de examen presupuestal intervengan en uso de sus facultades exclusivas para corregir esta asimetría en la asignación de recursos para la primera infancia que vulnera los derechos de la infancia temprana de nuestro país.
