Invertir en la primera infancia es, primero, una cuestión de derechos: las niñas y los niños son personas con derechos. Necesitan alimentación adecuada, salud, cuidados, juegos, protección y oportunidades de aprendizaje durante una etapa que no puede posponerse. Pero también es una decisión de desarrollo: lo que ocurre en los primeros años incide en la salud, el aprendizaje, la productividad y el bienestar a lo largo de la vida. Cuando las oportunidades faltan, las desventajas se acumulan y son más difíciles y costosas de revertir.
Sin duda, México ha avanzado. En 2025 se ejercieron alrededor de 216 mil 560 millones de pesos en primera infancia, equivalentes a cerca de 0.6% del PIB. Sin embargo, las brechas siguen siendo profundas: 41.9% de las niñas y los niños menores de 6 años viven en pobreza; la cobertura de educación inicial escolarizada ronda apenas 3.8% y la de preescolar 63.6%. Persisten además rezagos en nutrición, lactancia, salud preventiva, cuidados y protección. La propia Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) 2026–2030 reconoce estas brechas y establece metas para ampliar coberturas.
El problema, por tanto, no es sólo cuánto se gasta, sino cómo se invierte. La evidencia internacional sostiene que invertir en la niñez es simultáneamente un imperativo social y una decisión económica inteligente. Pero introduce una precisión indispensable: no basta preguntar cuánto gastamos; importa cómo se distribuyen los recursos, qué políticas financian y qué resultados producen. En primera infancia esto exige articular educación y cuidados, salud y nutrición, protección social y mejores condiciones para que las familias puedan cuidar.
En este sentido, para nuestro país vale la pena preguntarse ¿dónde debería concentrarse el esfuerzo presupuestal en los próximos años? Primero, en ampliar las coberturas de educación inicial y cuidados con modalidades escolarizadas, comunitarias y familiares que también lleguen a quienes no tienen seguridad social, dado que no hay una sola modalidad capaz de responder a la diversidad territorial, laboral y social del país. Segundo, en avanzar hacia una cobertura mucho mayor de preescolar, como parte de una estrategia para reducir desigualdades que aparecen mucho antes del ingreso a primaria. Tercero, en fortalecer una ruta preventiva de salud y nutrición desde el embarazo: control prenatal, lactancia, vacunación, consultas de niño sano, vigilancia nutricional y evaluación del desarrollo. Y cuarto, en proteger los ingresos y el tiempo de las familias mediante transferencias, licencias de maternidad suficientes y apoyos para quienes trabajan en la informalidad.
La próxima 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia a celebrarse del 10 al 12 de noviembre de 2026, ofrece a México una invaluable oportunidad de convertir esta discusión en compromisos claros y verificables. El país podría plantearse una ruta hacia 2030 con al menos cuatro decisiones estratégicas:
Primero, hacer visible nuevamente la inversión en primera infancia. México necesita recuperar y fortalecer la identificación del gasto por grupo de edad en el Anexo 18 del Presupuesto de Egresos, incluyendo no sólo lo aprobado sino también lo efectivamente ejercido. No es posible proteger ni mejorar una inversión que no puede rastrearse.
Segundo, costear las principales metas y brechas de la ENAPI y vincularlas con los programas presupuestarios responsables de alcanzarlas. Esto permitiría pasar de presupuestos históricos a presupuestos orientados a resultados.
Tercero, establecer una trayectoria gradual, previsible y fiscalmente responsable para alcanzar al menos 1% del PIB en inversión pública para primera infancia hacia 2030, acompañada de un piso que evite retrocesos reales durante el periodo.
Y cuarto, evaluar sistemáticamente si los recursos adicionales se convierten en aquello que verdaderamente importa: más niñas y niños vacunados, mejor nutridos, con acceso a cuidados y educación inicial, con preescolar, servicios de salud, protección contra la violencia y familias con mejores condiciones para cuidar.
La primera infancia no necesita sólo declaraciones de prioridad. Necesita presupuestos que hagan posible esa prioridad. Invertir más, sí. Pero también invertir mejor: con recursos suficientes, sostenibles, equitativos, trazables y orientados a resultados. Si México quiere reducir desigualdades y ampliar oportunidades, una parte decisiva de ese esfuerzo debe comenzar en los primeros años de vida. Convertir la primera infancia en prioridad presupuestaria no es apostar por el futuro. Es cumplir derechos en el presente y, al mismo tiempo, tomar una de las decisiones de desarrollo más importantes que puede hacer el país.



