Durante la última década, México ha dado pasos importantes para convertir a la primera infancia en una prioridad nacional. La incorporación de una “República de y para las niñas, niños y adolescentes” en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el avance hacia un Sistema Nacional de Cuidados, la publicación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) 2026-2030 y el compromiso de ampliar la educación inicial muestran una visión compartida sobre la importancia de invertir en los primeros años de vida.
El reto ya no consiste sólo en formular compromisos, sino en financiar su cumplimiento. México enfrenta un espacio fiscal limitado pues las pensiones, el servicio de la deuda y otras obligaciones presupuestarias reducen el margen para ampliar el gasto de manera sostenida. Por ello, es indispensable fortalecer la recaudación, revisar los beneficios fiscales, mejorar la eficiencia del gasto y explorar mecanismos complementarios de financiamiento. Pero, incluso antes de conseguir nuevos recursos, existe la oportunidad inmediata de coordinar mejor las políticas públicas.
Más que un asunto administrativo, la coordinación de políticas públicas es una política en sí misma. Cuando las instituciones planean juntas, utilizan metodologías comunes, identifican objetivos compartidos y hacen visible cómo contribuye cada programa presupuestario, los recursos públicos adquieren una mayor capacidad para transformar la realidad. La coordinación permite transformar el presupuesto en resultados.
Eso es lo que hemos observado en los últimos años en distintas entidades federativas. A través del trabajo conjunto entre gobiernos estatales, el Pacto por la Primera Infancia, el Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), entre otros aliados, algunos estados emprendieron un proceso para fortalecer sus anexos transversales y hacer visible la inversión pública que ya destinaban a las políticas de atención de niñas, niños y adolescentes.
El resultado fue mucho más que un ejercicio presupuestario. Las Secretarías de Finanzas, las SIPINNA estatales, dependencias sectoriales y unidades ejecutoras comenzaron a dialogar sobre prioridades comunes, revisaron la vinculación entre programas y derechos de la infancia, identificaron vacíos de financiamiento y construyeron metodologías homogéneas para estimar la inversión destinada a niñas, niños y adolescentes. En algunos casos, esto permitió elaborar por primera vez un anexo transversal, mejorar significativamente su calidad, fortalecer la vinculación entre las prioridades estatales para la infancia y los recursos públicos destinados a atenderlas.
Este proceso cobra un significado especial a la luz de la nueva ENAPI. La estrategia plantea una visión profundamente coordinadora: articula a los tres órdenes de gobierno, integra acciones de múltiples sectores, organiza la atención mediante la Ruta Integral de Atenciones e incorpora indicadores nacionales para dar seguimiento a los avances. La ENAPI reconoce que, garantizar los derechos de la primera infancia, no depende de una sola institución, sino de la capacidad del Estado para actuar de manera articulada.
Los anexos transversales del presupuesto representan ese tipo de instrumento. No generan recursos adicionales por sí mismos, pero permiten identificar cómo se distribuyen, qué prioridades permanecen desatendidas y qué tan alineados se encuentran con los objetivos de política pública. Hacen visible aquello que antes permanecía disperso.
Después de mejorar la identificación y coordinación de los recursos, corresponde preguntarnos si esa inversión realmente está cambiando la vida de las niñas y los niños. La propia ENAPI incorpora metas e indicadores nacionales; las entidades federativas deberán avanzar hacia sistemas que permitan conocer cuánto se invierte y, sobre todo, qué resultados produce esa inversión.
La 6ª Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia llega en un momento oportuno. Su propósito, construir una hoja de ruta para mejorar la planeación, la coordinación, la trazabilidad y la evaluación del financiamiento de acciones a favor de las infancias, refleja que el país está entrando en una nueva etapa.
Invertir más sigue siendo necesario. Pero, en un contexto de restricciones fiscales, invertir mejor exige coordinar mejor. El verdadero desafío consiste en que la planeación, el presupuesto y la evaluación dejen de avanzar por caminos separados y se conviertan en una misma estrategia para garantizar los derechos y el desarrollo integral de todas las niñas y todos los niños.
Este encuentro es coorganizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, por medio de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la AMEXCID; el Pacto por la Primera Infancia, Save the Children México, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y UNICEF.
