México enfrenta una paradoja difícil de justificar: nunca habíamos contado con tanta evidencia sobre la importancia de invertir en los primeros años de vida y, al mismo tiempo, estamos perdiendo la capacidad de saber con precisión cuánto presupuesto reciben las niñas y los niños menores de seis años.
Entre 2018 y 2025, la información pública del Anexo Transversal 18 permitió distinguir los recursos públicos destinados a primera infancia, niñez y adolescencia. Gracias a esa desagregación fue posible conocer no sólo el monto aprobado, sino también sus modificaciones, su ejercicio y su distribución entre instituciones, funciones, programas y entidades federativas.
Esa información, aunque con algunas limitaciones, permitía responder una pregunta elemental para cualquier política pública: ¿cuánto recibe realmente la población que se busca atender? A partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, esa respuesta dejó de estar disponible. La nueva metodología para integrar los anexos transversales tiene una intención positiva: vincular mejor la planeación, la programación, el presupuesto, el seguimiento y los resultados. El problema es que, al homologar los campos de información, desapareció la vertiente que permitía distinguir entre primera infancia, niñez y adolescencia.
El Anexo 18 actualmente muestra recursos para el conjunto de personas menores de 18 años, pero ya no permite identificar qué proporción se dirige específicamente a quienes tienen menos de seis. Esto no es un detalle técnico. Sin desagregación por edad será difícil valorar si la inversión es suficiente, progresiva y equitativa; saber qué programas benefician efectivamente a la primera infancia; comparar avances entre años; o identificar si los recursos se concentran en una dimensión mientras otras quedan desatendidas. En pocas palabras, no se puede priorizar lo que no se puede ver.
Esta preocupación, además, ya ha comenzado a encontrar respuesta. Durante la 6ª Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia, Claudia Segovia Téllez, Directora General en la Unidad de Política y Estrategia para Resultados (UPER), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio a conocer que, a partir de un llamado realizado por el SIPINNA, a través de la Secretaría de Gobernación, para recuperar la información sobre la distribución de los recursos por grupo etario, la Secretaría de Hacienda trabaja para reincorporar esta desagregación en sus reportes. De acuerdo con lo anunciado, a partir del segundo semestre de 2026 esta información comenzará a reflejarse en los informes que genera la SHCP, con el propósito de dar mayor trazabilidad a los resultados. Aunque la información sobre cobertura y atención especializada requerirá un proceso adicional, se prevé que para 2027 este pendiente quede prácticamente subsanado.
Se trata de un avance relevante: recuperar la posibilidad de saber cómo se distribuyen los recursos según la edad permitirá volver a hacer visible a la primera infancia dentro del presupuesto y contar con mejores herramientas para orientar las decisiones de inversión.
La pérdida de información resultaría especialmente grave porque los primeros años constituyen una etapa única. Durante los primeros mil días el cerebro se desarrolla a una velocidad que no volverá a repetirse. La nutrición, la salud, el cuidado sensible, el juego y las primeras oportunidades de aprendizaje influyen en la trayectoria educativa, laboral y social de cada persona. Las carencias acumuladas en esta etapa son difíciles y costosas de revertir después.
La evidencia internacional muestra, además, que invertir temprano no es sólo una obligación de derechos: es una decisión económicamente inteligente. Estudios recientes revisados por la campaña global Act for Early Years encuentran retornos elevados para intervenciones probadas a gran escala. El apoyo nutricional puede generar alrededor de 25 dólares por cada dólar invertido; la educación preescolar, cerca de 12; el acompañamiento presencial y virtual a madres, padres y cuidadores, alrededor de 12; y las transferencias monetarias muestran una relación costo-beneficio cercana a 19. Estas estimaciones dependen del diseño, la calidad y el contexto de cada intervención, pero el mensaje es consistente: actuar temprano cuesta menos que corregir tarde.
La inacción también tiene un precio. Cuando las niñas y niños no reciben nutrición adecuada, atención primaria, vacunación, educación inicial, cuidado infantil o apoyo familiar, el costo aparece después en forma de rezago educativo, menor productividad, más enfermedades, pobreza persistente y menores oportunidades laborales, especialmente para las mujeres. Esos costos no desaparecen; se trasladan a las familias, a los sistemas públicos y a la economía durante décadas.
Por eso no basta con saber cuánto suma el Anexo 18. Necesitamos conocer cuánto corresponde a cada etapa de la vida y cómo se relaciona con las necesidades específicas de cada grupo. Una niña de 2 años no requiere las mismas intervenciones que un adolescente de 15. Incluirlos en una sola cifra impide evaluar prioridades y puede ocultar desigualdades en la asignación.
La solución es concreta y viable: la Secretaría de Gobernación, como ente coordinador del Anexo 18, y la Secretaría de Hacienda pueden incorporar en el sistema en donde se registra la programación y avances presupuestales un campo de captura con la desagregación de la población objetivo o grupo etario. No es necesario desmontar la nueva metodología, basta con conservar una variable que ya existía y que es compatible con la propia recomendación oficial de utilizar datos desagregados por edad para orientar intervenciones y reducir brechas.
Invertir a tiempo exige tomar decisiones basadas en evidencia. Pero la evidencia presupuestal comienza por algo básico: saber a quién llega cada peso. Recuperar la desagregación por grupo etario no es volver al pasado; es asegurar que el esfuerzo de vincular la planeación con la programación, presupuestación y evaluación no vuelva invisibles a quienes más necesitan ser vistos.
La primera infancia es el periodo de mayor oportunidad para cambiar una vida y, con ella, el presente y futuro del país. Hacerla visible en el presupuesto es el primer paso para invertir mejor.
