Entre 2018 y 2025, el presupuesto ejercido para la primera infancia en México prácticamente se duplicó en términos nominales. Pasó de $110 mil 758 millones de pesos a $216 mil 560 millones. En términos reales, el incremento fue cercano a 41%. Es un avance que debe reconocerse: durante los últimos años, las niñas y niños menores de seis años recibieron una proporción creciente de los recursos identificados en el Anexo 18.
Sin embargo, una cifra total puede contar una historia incompleta. Saber que el presupuesto creció no basta para afirmar que el país está invirtiendo mejor. Para evaluarlo hay que mirar su composición: quién ejerce los recursos, en qué funciones se concentran, qué programas aumentan y cuáles se debilitan presupuestalmente.
El análisis del periodo muestra una reconfiguración profunda. En 2018, aproximadamente 63% del gasto identificado para primera infancia correspondía a salud, 28% a protección social y apenas 9% a educación. Para 2025, la distribución era muy distinta: educación concentraba cerca de 57%; salud, 31%; y protección social, sólo 11%.
Este cambio se explica en buena medida por el crecimiento del gasto federalizado, especialmente mediante fondos del Ramo 33. Los recursos ejercidos para primera infancia provenientes de estos fondos pasaron de poco más de 9 mil millones de pesos en 2018 a más de 103 mil millones en 2025 y llegaron a representar cerca de 48% del gasto identificado para este grupo de edad. La expansión de los recursos educativos es una buena noticia: la educación inicial y preescolar puede transformar la trayectoria de desarrollo y aprendizaje de millones de niñas y niños.
El problema es que este avance convive con retrocesos en otros componentes igualmente indispensables. Entre 2018 y 2025, el gasto real en salud para la primera infancia se contrajo alrededor de una tercera parte. La Secretaría de Salud redujo de manera considerable los recursos ejercidos dirigidos a este grupo. También se observan caídas en programas clave como vacunación, salud materna, sexual y reproductiva, y en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a niñas y niños menores de seis años. La protección social, por su parte, pasó de representar más de una cuarta parte del gasto a poco más de una décima parte.
Esto importa porque el desarrollo infantil no se produce por compartimentos. Una niña no puede aprovechar plenamente la educación inicial si está desnutrida, si no cuenta con vacunación completa o si su familia carece de ingresos y tiempo para brindarle cuidado sensible. Un niño no llegará en igualdad de condiciones al preescolar si una discapacidad, padecer desnutrición o un retraso en el desarrollo no fueron detectados y atendidos a tiempo.
La evidencia internacional confirma que las inversiones más eficaces se refuerzan entre sí. La salud y nutrición durante los primeros mil días protegen la supervivencia y construyen las bases cognitivas. La educación preescolar de calidad mejora habilidades y resultados escolares posteriores. El cuidado infantil favorece el desarrollo y facilita la incorporación de madres y padres al mercado laboral. El acompañamiento a cuidadores fortalece el lenguaje, el juego y la resiliencia emocional. Las transferencias económicas ayudan a las familias a cubrir necesidades básicas y acceder a servicios.
No se trata, por tanto, de escoger entre salud o educación; entre cuidado o protección social. La primera infancia necesita una canasta integral de intervenciones. Cuando una dimensión crece a costa de las demás, el presupuesto puede aumentar y, aun así, conservar brechas que limitarán sus resultados.
La campaña global Act for Early Years ha sintetizado esta lógica en tres grandes prioridades: atención primaria de salud y nutrición; aprendizaje temprano, preescolar y cuidado infantil; y apoyos universales para las familias. Las tres producen retornos económicos y sociales medibles, atienden momentos conectados del desarrollo y requieren asignaciones específicas, suficientes y evaluables.
México puede convertir el incremento presupuestal reciente en una verdadera política de inversión. Para ello debe proteger los avances educativos y asegurar que se traduzcan en servicios de calidad; revertir el debilitamiento de la atención primaria, la vacunación, la nutrición y la salud materna; y reconstruir apoyos para las familias, incluyendo cuidado infantil, acompañamiento a madres, padres y cuidadores, y protección económica durante los primeros años.
También es necesario superar una práctica frecuente: medir el éxito sólo por el monto ejercido. Gastar todo el presupuesto no garantiza que los recursos lleguen a quienes los necesitan ni que financien intervenciones efectivas. La eficiencia debe medirse por la capacidad de convertir derechos reconocidos en servicios accesibles, oportunos y de calidad.
El crecimiento del presupuesto para la primera infancia es un punto de partida, no una meta. La pregunta relevante ya no es únicamente cuánto más se está gastando, sino si cada peso fortalece de manera equilibrada las condiciones que una niña o un niño necesita para desarrollarse plenamente.
Invertir mejor significa reconocer que la salud, la nutrición, el aprendizaje, el cuidado y la seguridad económica de las familias no son prioridades competidoras. Son piezas de una misma política. México habrá dado un verdadero salto cuando el aumento de recursos se traduzca en una inversión integral, visible y basada en evidencia desde el comienzo de la vida.
