En el Antiguo Palacio del Arzobispado de la Ciudad de México, Hacienda, legisladores, gobiernos estatales, organismos internacionales y sociedad civil discutirán algo que rara vez ocupa portadas: cuánto dinero destina México a la primera infancia. La 6ª Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia será también el ensayo previo a la 1ª Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia, que México organizará en noviembre para invitar a toda la región a priorizar a las niñas y niños menores de 6 años.
Hay una razón económica, no solo humanitaria, para prestar atención. Del nacimiento a los cinco años, el cerebro forma hasta un millón de conexiones neuronales por segundo: en esa etapa se construyen las bases de la salud, el aprendizaje y la capacidad de relacionarse. El economista James Heckman ha estimado que los programas de desarrollo infantil temprano pueden generar retornos de hasta 13% anual.
México ha avanzado significativamente. Entre 2018 y 2025, el presupuesto ejercido en primera infancia pasó de 110 mil 758 a 216 mil 560 millones de pesos: un aumento de 96% nominal y 41% real. La primera infancia pasó de recibir 10% a 20% del presupuesto etiquetado para niñas, niños y adolescentes en el Anexo 18; el gasto anual por persona casi se duplicó, de 8 mil 461 a 17 mil 565 pesos, y los mayores incrementos se registraron en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, entidades con altos niveles de pobreza infantil.
Sin embargo, la prioridad relativa casi no cambió. La inversión en primera infancia pasó de representar 2.25% del gasto público total en 2018 a 2.53% en 2025. Como proporción del PIB creció de 0.46% a 0.61%, todavía lejos del referente internacional de 1.5%. Alcanzar esa meta requeriría movilizar alrededor de 300 mil millones de pesos adicionales.
La recién publicada Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2026-2030 fija metas concretas: elevar la lactancia materna exclusiva de 34% a 50%; lograr que 90% de las niñas y niños tengan su esquema de vacunación completo al año de vida; reducir la desnutrición crónica de 14% a 7.5%, y disminuir la pobreza extrema infantil de 8.8% a 7.3%. Son metas posibles, pero requieren recursos. La pregunta ya no es si México ha avanzado, sino cuánto más debe invertir y de dónde puede obtener los recursos que necesita para garantizar a sus niños y niñas una atención integral.
Existen, al menos, cuatro rutas que vale la pena discutir.
La primera es fortalecer las contribuciones vinculadas al empleo formal. Colombia financia buena parte de su política de primera infancia mediante un aporte patronal de 3% destinado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. México ya cuenta con un mecanismo semejante: el Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales del IMSS, financiado con una cuota patronal de 1% sobre el salario base de cotización. Cada punto porcentual adicional podría representar cerca de 51 mil millones de pesos anuales. Llevar gradualmente la cuota a 3% podría movilizar alrededor de 153 mil millones, casi la mitad de la brecha, para ampliar la educación inicial y el primer año de preescolar.
La segunda ruta es etiquetar una parte de los impuestos saludables. Filipinas destina por ley buena parte de la recaudación incremental de tabaco y alcohol al sector salud. En México, los impuestos al tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados recaudaron 159 mil 643 millones de pesos en 2025, pero no existe una obligación de destinar una fracción a la primera infancia. Hacerlo permitiría financiar programas de nutrición infantil y apoyo a la lactancia materna sin crear un impuesto nuevo.
La tercera es recuperar los recursos ya aprobados que no se ejercen. Entre 2020 y 2024, 67.2% de los recursos del Fonsabi se reintegraron a la Tesorería en lugar de utilizarse en hospitales o medicamentos. A ello se suma un subejercicio de 11 mil 254 millones de pesos documentado en el Anexo 18 entre 2018 y 2025, 44% concentrado en primera infancia. Antes de pedir más dinero, debemos asegurar que el presupuesto aprobado llegue efectivamente a los servicios que se deben financiar, como por ejemplo, acceso a servicios de salud.
La cuarta es explorar un impuesto federal a la publicidad digital de las grandes plataformas. Maryland aplica desde 2021 una tasa progresiva a estos ingresos y destina la recaudación a educación inicial y básica. En México, un mecanismo similar podría financiar programas de desarrollo infantil temprano y apoyo a madres, padres y cuidadores, ante los efectos que el uso excesivo de pantallas y la llamada “tecnoferencia” pueden tener sobre las interacciones que necesitan las niñas y niños pequeños para tener un desarrollo adecuado.
Ninguna de estas medidas, por sí sola, cerrará la brecha. Pero juntas muestran que alcanzar una inversión equivalente a 1.5% del PIB no es una aspiración abstracta: requiere decisiones fiscales, mejor calidad de gasto y sobre todo, una ruta concreta de acción.
El Gobierno Mexicano ha dado pasos muy importantes. Los siguientes requieren una discusión urgente y profunda sobre cómo construir el país que nuestras niñas y niños merecen.
Consulta la transmisión de la 6ª Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia: https://www.pactoprimerainfancia.org.mx/6a-jornada-nacional-de-inversion-en-primera-infancia/
