México ha construido una ruta para garantizar los derechos de la primera infancia. Cuenta con estrategias, programas y mecanismos presupuestarios para hacerlo. Sin embargo, todavía destina a las niñas y niños más pequeños recursos insuficientes frente a la magnitud de sus necesidades. Es muy importante trabajar colectivamente para revertir esta situación.
La primera infancia, que comprende de los 0 a los 5 años, es una etapa decisiva para el desarrollo físico, emocional y cognitivo; es la ventana de oportunidad más importante para el desarrollo de todos los seres humanos. Aunque México logró reducir su nivel de pobreza de 48.1% en 2022 a 41.9% en 2024, esta reducción fue mucho menos significativa que la observada en la población total, cuya pobreza pasó de 38.5% a 29.6% en el mismo periodo, por lo que la primera infancia sigue siendo el grupo de edad que concentra el mayor nivel de pobreza.
Estos desafíos nos obligan a mejorar las políticas y la inversión pública, y el país cuenta con instrumentos para responder. Recientemente, el gobierno mexicano aprobó la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) 2025-2030, donde se establece la ruta y las directrices para apoyar, mediante políticas integrales, el bienestar de la primera infancia. Asimismo, se publicó el Programa de Cuidados desde los Primeros 1000 Días de Vida 2025-2030, que contempla las intervenciones necesarias en salud, nutrición, desarrollo infantil temprano, cuidados y protección.
Gracias al Anexo Transversal 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), que desde 2018 y hasta 2025 permitió identificar los recursos por grupo de edad, el país ha podido reportar cuánto invierte en la primera infancia. En este periodo, México destinó en promedio aproximadamente 0.6% del producto interno bruto a este grupo etario: menos de un tercio de lo que invierte Argentina (1.6%), por debajo de República Dominicana (1.3%) y apenas 1.6% del gasto público total.
Si bien la inversión todavía es baja, la tendencia ha mejorado: creció de forma sostenida 3.6% real anual, en promedio, y representa 15.7% del total destinado a la infancia y la adolescencia en México.
Entrando un poco más en detalle, la inversión social en primera infancia se concentra en el sector educativo, que representa 60%, y sus incrementos en el tiempo se han orientado acertadamente a expandir la educación inicial. El desafío es consolidar esta expansión, además de incrementar las inversiones en otros sectores prioritarios como salud y protección social. La inversión en salud, que representa 27% del total, disminuyó en promedio 7.9% real anual entre 2018 y 2025. Por su parte, lo destinado a protección social representa 12% y se ubica casi 50% por debajo, en términos reales, del nivel registrado en 2018.
Es fundamental que la inversión pública se asigne de manera integral, pues el desarrollo de un niño y una niña también es integral. El control prenatal, la vacunación, una alimentación adecuada, la educación inicial, los cuidados y la protección frente a la violencia se potencian mutuamente y tienen efectos multiplicadores. Ninguna de estas intervenciones puede compensar la falta de las demás.
El momento para incrementar la inversión en primera infancia es propicio. El Proyecto de PEF 2027 llegará a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre y deberá aprobarse, a más tardar, el 15 de noviembre. Las decisiones que se tomen durante ese período determinarán qué tan lejos puede avanzar el país en el cumplimiento de sus compromisos con la primera infancia.
En este contexto y para enfatizar la importancia de la inversión en la primera infancia, el 10 de agosto se realizará la 6ª Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia, coorganizada por Unicef, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, por medio de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA; la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la AMEXCID; el Pacto por la Primera Infancia, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Save the Children México, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial.
El llamado es claro y concreto: la inversión en la primera infancia debe ser prioritaria, pues sus derechos y necesidades son impostergables; suficiente, para cerrar las brechas, especialmente de quienes aún viven en pobreza; oportuna, porque los recursos que llegan tarde no logran el mayor impacto; e integral, porque ningún sector puede lograr por sí solo el desarrollo de un niño o una niña.
México tiene todo para lograrlo: el compromiso, las estrategias y los programas. El siguiente paso es que la inversión vaya acorde a la magnitud de las necesidades de la primera infancia. Invertir hoy, de manera suficiente, oportuna e integral, no solo fortalece el desarrollo del país: garantiza derechos que no pueden esperar.
