En tiempos de Mundial 2026, hablar de “tarjeta roja” parece natural. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) la usa este año para llamar a detener el trabajo infantil. Pero quizá la pregunta más incómoda no es a quién expulsamos del juego, sino qué tipo de juego social hemos construido para que niñas, niños y adolescentes terminen cargando responsabilidades que no les corresponden.
El trabajo infantil no se combate únicamente diciendo que está mal. Eso ya lo sabemos. Tampoco basta con repetir que deben estar en la escuela, jugar y crecer protegidos. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tenemos que hacer, como personas adultas, instituciones y comunidad, para que ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente tenga que intercambiar su desarrollo por supervivencia.
El problema no está solo en la actividad visible: vender, cargar, limpiar, cuidar, acompañar jornadas o sostener ingresos. El daño más profundo aparece cuando una persona en desarrollo aprende que su valor depende de producir, aguantar, callar o resolver lo que el mundo adulto no pudo ordenar. Ahí el cuerpo se acostumbra al cansancio, la mente a la alerta y la identidad a una idea peligrosa: “sirvo si soy útil”.
Desde una mirada de derechos, pero también desde la comprensión del desarrollo humano, debemos decirlo con claridad: niñas, niños y adolescentes no son adultos pequeños. Su cerebro, su cuerpo, su mundo emocional y su capacidad de decisión están en construcción. Necesitan límites y responsabilidades progresivas, sí; pero esas responsabilidades deben formar, no explotar; enseñar autonomía, no supervivencia; fortalecer autoconsciencia, no normalizar sacrificio.
Por eso la conversación debe cambiar. Erradicar el trabajo infantil no es solo retirar a niñas, niños y adolescentes de una actividad prohibida. Es reconstruir las condiciones que los empujan hacia ella. Y esa tarea no le corresponde únicamente al gobierno: también nos corresponde a las familias, escuelas, empresas, comunidades y ciudadanía.
Tarjeta verde únicamente para experiencias formativas
Propongo pensarlo como un semáforo social. Tarjeta roja para toda actividad que ponga en riesgo salud, escuela, descanso, integridad, seguridad o dignidad. Tarjeta amarilla para aquello que parece “ayuda familiar”, pero empieza a ocupar horarios, energía emocional o responsabilidades adultas. Tarjeta verde únicamente para experiencias formativas, seguras, breves, acompañadas y acordes con su edad: aquellas que enseñan cooperación, cuidado, organización y corresponsabilidad sin quitarles infancia ni adolescencia.
¿Qué puede hacer una familia? Revisar si una hija o un hijo está ayudando o está cargando. Preguntarse: ¿descansa? ¿Afecta su escuela? ¿Le genera miedo, presión o culpa? ¿Lo hace porque aprende o porque no hay otra opción? También puede enseñar autoconciencia: que niñas, niños y adolescentes reconozcan su cansancio, sus emociones, sus límites y su derecho a decir “esto me rebasa”.
¿Qué puede hacer la escuela? No mirar el bajo rendimiento, la inasistencia o el sueño como flojera automática. A veces detrás de una libreta incompleta hay jornadas invisibles, cuidado de hermanos, trabajo doméstico excesivo o actividades económicas. La escuela debe ser un espacio seguro de detección, no de castigo; un lugar donde el conocimiento despierte pensamiento crítico y donde alguien pueda decir: “necesito ayuda”.
¿Qué puede hacer la sociedad? Dejar de romantizar a la niña “muy trabajadora” o al niño “bien maduro para su edad”. La madurez forzada no es virtud: muchas veces es una señal de abandono colectivo. Como ciudadanía, podemos no consumir servicios que exploten a niñas, niños y adolescentes, alertar cuando exista riesgo, acompañar a las familias sin humillarlas y exigir trabajo digno para las personas adultas. Cuando el trabajo adulto no alcanza, la infancia suele pagar la deuda.
¿Y qué debe hacer el Estado? Pasar del discurso a rutas concretas: detección temprana, protección social, empleo digno para madres, padres y cuidadores, inspección laboral efectiva, datos actualizados, coordinación interinstitucional y mecanismos comunitarios de restitución de derechos. No basta con conmemorar; hay que saber quiénes están en riesgo, dónde están, por qué están ahí y qué red real puede sostenerlos.
¿Cuándo comienza el juego limpio?
Como consejera ciudadana dentro del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, creo que la participación social no debe ser decorativa. La sociedad civil puede observar, proponer, articular, incomodar y construir soluciones. Puede llevar al sistema una pregunta que no siempre cabe en los informes: ¿qué le estamos enseñando a una generación cuando la dejamos crecer en modo supervivencia?
El juego limpio no empieza cuando suena el silbatazo en un estadio. Empieza cuando una niña puede dormir sin culpa, cuando un niño puede jugar sin sentirse inútil, cuando una adolescente puede estudiar sin cargar el peso económico de su casa, cuando una familia recibe apoyo antes de quebrarse y cuando un gobierno entiende que proteger no es reaccionar tarde, sino llegar a tiempo.
Desde el Pacto por la Primera Infancia, en la Meta 1, se busca disminuir a 40 % la pobreza y a 9 % la pobreza extrema en primera infancia fortaleciendo el sistema de protección social para la población vulnerable, y focalizar programas de desarrollo y bienestar social para atender carencias por acceso a servicios de salud, alimentación, vivienda y servicios de las familias con niñas y niños menores de seis años.
La tarjeta roja no debe levantarse contra las familias empobrecidas ni contra niñas, niños y adolescentes que intentan sobrevivir. Debe levantarse contra la indiferencia, la explotación, la precariedad adulta y la idea de que producir vale más que crecer. Porque una sociedad que quiere ganar el futuro no manda a sus niñas, niños y adolescentes a jugar en cancha ajena: les cuida el terreno, les enseña a conocerse, les acompaña a regularse y les permite crecer con dignidad.
